La muerte inesperada del fiscal Maza abre una oportunidad al gobierno de Mariano Rajoy, que no debería desaprovechar. La de hacer una elección de su sucesor que sea suscrita por una amplia mayoría de los grupos parlamentarios. Y si eso no es posible, al menos por los socialistas y ciudadanos, que conforman hoy en día el bloque constitucional.
La trascendencia de la figura del fiscal general de Estado ha quedado meridianamente clara para todo el mundo con su relevante papel en la vertiente jurídica del proceso independentista sufrido en Cataluña. El inicio de acciones penales contra Carles Puigdemont, decisión asumida por Maza, supuso abrir una dimensión judicial a la mayor crisis política vivida en España desde hace cuarenta años. Nadie, puede, por tanto, considerar baladí la importancia del nombramiento del fiscal.
La separación de poderes que exige el Estado de derecho tiene en la Fiscalía general del Estado un instrumento de difícil acomodo, ya que a su imparcialidad se une que recibe instrucciones del gobierno de cara a garantizar la defensa del interés público. Por ello, precisamente, recibe el nombre de Ministerio Público. El problema, existente en todos los países democráticos, es la sibilina raya que separa los intereses de todos, de los de la facción que gobierne.
En las circunstancias actuales, más que nunca es perentorio que el nuevo fiscal no sea un instrumento partidista, sino un hombre de consenso entre el mayor número de fuerzas políticas. Y si encima, fuera el mejor jurista de este país, o al menos, uno de ellos, habríamos dado un importante paso entre los Estados desarrollados, que son aquellos que valoran el mérito.
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