El esfuerzo que el gobierno ha hecho en los Presupuestos para dotar a Cataluña de mayor inversión pública no parece que vaya a tener una traducción como sería el apoyo a los mismos de los grupos independentistas con representación parlamentaria. Ese solo hecho indica la inviablidad de la estrategia gubernamental, además de confirmar la radicalidad de las propuestas que defienden tales formaciones. No se trata, por tanto, de mejorar la vida de los catalanes, algo que solo parece interesar a los propios ciudadanos residentes en aquella comunidad, sino que el rechazo de los partidos independentistas en aras de un supuesto bien superior, la patria catalana, se superpone a cualquier otra consideración.
La estrategia del gobierno pretende sacar adelante unas cuentas públicas que permitan más gasto social y que se encuadra en el objetivo de satisfacer racionalmente un problema identitario, que, no lo olvidemos, se define por su sentimentalidad, lo que refleja la dificultad de solventarlo, en el marco de unas sociedades, las contemporáneas, donde prima lo último sobre lo primero. De ahí, la popularidad plebiscitaria.
El problema es como salir de esta situación estancada, aun siendo conscientes de que es algo con lo que tendremos que convivir durante mucho tiempo, como ya predijo Ortega y Gasset. Sin embargo, hay algo que sí podría haber hecho ahora el gobierno: desbloquear la negociación de la financiación autonómica, avanzando en un sistema más equilibrado y por tanto más satisfactorio. Pero, siendo conscientes de que tales medidas irían dirigidas al intelecto, algo que desgraciadamente no será valorado en su justa medida. Somos fruto de una época, escasamente analítica. Esa es la raíz del problema.
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