Un país serio y consecuente evitaría convertir la lucha contra el yihadismo islamista en materia electoral. Lo lógico es que esa cuestión tan relevante y que en el futuro será aún más trascendente, quedase al margen de la disputa partidista, estructurándose de una manera acorde con los intereses general del Estado.
En ese sentido, los ciudadanos deberían castigar en los próximos comicios del 20 de diciembre a todos aquellos partidos que no asuman tal vital presupuesto. No es de recibo anunciar la participación de tropas españolas en África para relevar a las francesas y éstas centrarse en Oriente Próximo, para horas después desmentirlo tras una nueva salvajada del integrismo islámico en Bamako. Los votantes de éste país no son menores de edad que se asustan de todo. Aunque ciertamente influenciables, son conscientes del reto planteado por éstos nuevos fanáticos que se han apropiado del Islam. Por ello no deben permitir la utilización electoral del terrorismo. Tampoco la versión populista que descarga la responsabilidad en los propios votantes, proponiendo un referéndum bajo el simple señuelo del cacareado y demagógico derecho a decidir. No, la ciudadanía se merece un política de Estado que combata al yihadismo y que esté fuera de la lucha partidista y de los intereses electorales.
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