El vicepresidente de la Generalitat y titular de la cartera de Hacienda, Oriol Junqueras, ha reconocido que el déficit catalán es insostenible. Pese a ello ha propuesto unos presupuestos para la comunidad autónoma expansivos en el gasto en un intento de contentar a la CUP.
Nos encontramos ante uno de los efectos perversos que padece todo régimen democrático: la tentación de hacer las cosas por su apoyo mayoritario, en vez de solucionar los problemas por muy dolorosos que fueran. Cualquier planteamiento realista abogaría por reducir o cuando menos contener la deuda. Incluso, un estadista haría todo lo posible para alternar ese rigor con la salvación de las prestaciones que configuran el Estado de Bienestar, renunciando, por irreal, a incrementarlo por utópico.
Indudablemente eso sería impopular, pero la persona que pusiese ese cascabel al gato nunca sería tachado de demagogo. No es el caso, máxime cuando el responsable es consciente que tal déficit solo es sostenible en la medida en que es avalado por España, un Estado del que pretende desconectar a sus sufridos administrados.
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