Las recientes detenciones de Miguel Bernard, el líder del sindicato Manos Limpias, y de Luis Pineda, el presidente de la asociación de usuarios de banca AUSBANC, a quienes el fiscal acaba de pedir su ingreso en prisión, deberían servir para reabrir el debate sobre la permanencia en nuestro sistema jurídico de las figuras de la acusación particular y la acción popular, introducidas en el sistema procesal español por influencia del derecho anglosajón, al igual que el jurado. Tanto uno como las otras han presentado en los años de aplicación en nuestro país notables deficiencias.
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