Legalidad y moralidad

Los gastos de fin de semana del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, han soliviantado a la opinión pública, máxime en estos momentos de grave crisis económica. Divar gastó 5.658 euros, casi un millón de pesetas, en seis viajes de fin de semana en restaurantes y hoteles de lujo en la Costa del Sol. Viajes que solían empezar los jueves y acabar los martes. La quinta personalidad del Estado aduce que se trataba de viajes oficiales y que están perfectamente documentados y justificados.  No entramos aquí en los 26.741 euros que costó la seguridad de Dívar en esos viajes. A fin de cuentas, vaya donde vaya, en un viaje particular u oficial, el presidente del Supremo debe gozar de un servicio de escoltas. El problema está en los casi 6.000 euros gastados por él y un acompañante en esos viajes. Dívar asegura que se tratataba de los gastos oficiales y que los personales se los pagaba de su propio bolsillo. De momento, la acusación por presunta malversación de fondos está en manos de la Fiscalía General del Estado. Y serán los tribunales quienes tendrán que dirimir la legalidad de dichos gastos. Pero eso no exime para que la ciudadanía dirima sobre la moralidad de esos gastos, en un momento en el que tantos compatriotas se encuentran en una situación económica tan dramática. Por ello, es hiriente que el propio Dívar califique de "miseria" el importe de sus gastos. Con cerca de 6.000 euros,  muchas familias sobreviven muchos meses. Esa es la diferencia entre legalidad y moralidad.