El Parlamento de Cataluña ha sido incapaz en sus más de tres décadas de existencia de elaborar una ley electoral que rija en esa comunidad autónoma. Ello no es debido a una supuesta incapacidad de sus partidos políticos para ponerse de acuerdo en algo tan sustancial en una democracia como es fijar por escrito las reglas de juego, sino en la perpetuación de un sistema que beneficia a las elites locales. Aprobar una ley de ese tipo requiere lógicamente una amplia mayoría, estimada en éste caso en el apoyo de 90 de los 135 parlamentarios. Mientras tanto seguirá en vigor la ley electoral general española que lleva en vigor desde la transición democrática que beneficia la sobre-representación rural frente al voto urbano, porque cuando se promulgó lo que más se temía era el poderío de la izquierda obrera en las grandes ciudades.
Ahora, CiU y ERC -es decir, la formaciones soberanistas- han propuesto una ley catalana, pero sin modificar dicha plur-representación rural. De tal modo que un voto en la provincia de Lérida siga valiendo el doble que en Barcelona. Es sorprendente que ICV y la CUP, formaciones que se dicen de izquierdas, apoyen mantener esta discriminación. Por el contrario, el PSC y el PP pretenden un sistema electoral mucho más proporcional que recoja con más fidelidad el voto popular.
Por supuesto que a los dirigentes de todos esos partidos se les llena la boca con su defensa de la democracia e incluso, algunos de ellos, con postulados favorables al derecho de autodeterminación, precisamente los que quieren mantener el poder de las oligarquías locales en cada terruño. Es más, ya ha dicho CiU que para alcanzar la independencia solo es necesario el apoyo de la mayoría de los escaños, no del pueblo. ¡Qué demócratas!
No hay comentarios:
Publicar un comentario