El exconsejero andaluz, Gaspar Zarrías, imputado en el el caso de los ERE, ha alegado en su defensa que el instructor del Tribunal Supremo, que ha dictaminado sobre su actuación y la de otros aforados en torno a un supuesto fraude de 140 millones de euros, pretende someter a juicio las leyes del Parlamento andaluz. Tanto Zarrías, como al menos Manuel Chaves, consideran que el poder legislativo regional goza de una soberanía tal que incluiso puede saltarse la legalidad. Opinión que matizada mantiene también José Antonio Martín Pallín, exmiembro del Tribunal Supremo, tal como ha expresado en diversas tertulias radiofónicas.
Nos encontramos aquí con una concepción deudora de la intensa politización vivida por aquella generación que se crió intelectualmente bajo el resplandor de Mayo del 68 y que considera que no puede haber cortapisas para la voluntad popular. Algo, que por cierto, parece hoy en día revivir, si nos atenemos a la popularidad de ciertas nuevas formaciones como Podemos.
Ante esos planteamientos tan solo cabe contrarrestar con Montesquieu, quien hizo de la división de poderes la clave arquitectónica de cualquier sistema político que aspire al bienestar general. Y que podemos resumir en la siguiente formulación: nadie, por muy investido de poder que esté, puede hacer algo ilegal. Y si lo hace, tendrá que pagar por ello. También aquellos que como Zarrías creyeron que la utopía perdona cualquier error.
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