PP y PSOE han unido sus votos para impedir la reforma que pretendía acabar con la militancia política y sindical de los magistrados del Tribunal Constitucional. Una enmienda de ERC, apoyada por UPyD, intentó ayer acabar con esta práctica, una muestra muy significativa de la politización del organismo encargado de velar por las garantías constitucionales, pero la oposición de los dos grandes partidos impidió que prosperase la iniciativa. Se podrá así seguir dando el caso de su actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, militante del PP, que no se dio de baja cuando ingresó en el tribunal.
Tanto el PP como el PSOE han dando una vez muestras de una concepción del Estado similar a la del cortijo propio, uno de los principales problemas que adolece nuestro sistema institucional y diana de los partidos emergentes, que con razón critican la colonización política de otras esferas, como la judicial.
Un Estado de Derecho necesita que los miembros del Tribunal Constitucional sean unos profesionales, libres de las directrices de los partidos políticos.
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