Paradojas

Probablemente no haya nadie más interesado en el cumplimiento de la orden de extradición española que Carles Puigdemont. Tamaña paradoja se infiere de la negativa de permitir juzgar al expresident de la Generalitat por el delito de rebelión, limitando los cargos contra él al de malversación.

La acusación de malversación, cuya máximo penal se limita a doce años de reclusión,  a diferencia del de rebelión, penado con treinta años, conlleva notables diferencias procesales. Entre ellas, el hecho de que no implicaría prisión provisional para el dirigente independentista, ni, aspecto muy relevante, su pérdida de la condición de diputado en el Parlament catalán. De tal manera, que si implementa la entrega de Puigdemont, acusado solo de malversación, este quedaría libre a su llegada a España y capacitado políticamente para encabezar una candidatura en unas futuras elecciones autonómicas catalanas, las enésimas desde que el proceso soberanista fue puesto en marcha, en las que lograría unos buenos resultados y la posibilidad de ser aupado de nuevo a la Presidencia de la Generalitat con el apoyo del resto de fuerzas independentistas, fundamentalmente ERC y las CUP. Los proyectos de Puigdemont de conformar su propio partido-movimiento, imponiéndose al PDCAT,  sugieren tal maniobra, lo contrario a lo que aspira la antigua Convergència, que hace escasos días registraba la marca Junts per Catalunya con el objeto de cerrar el paso al expresident de la Generalitat. De tal manera, que si Puigdemont lograse ser extraditado, tan solo se vería privado de su sueño de volver a la poltrona del palacio de San Jordi por las maniobras de su antiguo partido, el PDCAT,  que celebrará en breve una asamblea crucial. Un aspecto que el superviviente líder del independentismo confía en superar, allanando su regreso en loor de multitudes como el Moisés que llevará a la patria catalana a la independencia.

Diferente panorama, mucho más oscuro, se le presenta a Puigdemont si el Tribunal Supremo renuncia o paraliza la extradición, recurriendo al tribunal de la Unión Europea. De entrada, el mantenimiento del delito de rebelión supone que el líder independentista perdería su condición de diputado y la pingüe retribución económica que conlleva, haciendo materialmente más difícil su existencia en el extranjero. La  renuncia a ejecutar la extradición, amparándose el Supremo  en que diluir la acusación contra Puigdemont, perturbaría el futuro juicio, en la medida en que los subalternos serían condenados a penas más elevadas que su jefe, o recurrir, en un largo y farragoso proceso, ante la UE, llevaría al expresident de la Generalitat a un limbo jurídico, en su vagabundaje por Europa, con dosis de purgatorio al ser privado de salario, salvo que Puigdemont lograse involucrar al Parlamet catalán en una abierta rebelión contra el Estado, negando retirarle la condición de diputado. Si así lo hiciese, Roger Torrent, el actual presidente del órgano legislativo catalán, afrontaría la cárcel, al desobedecer al Supremo, confirmando la visión victimista de ERC, consistente en que ellos ponen los presos y otros se aprovechan del aura de perseguidos en plácidos exilios en el extranjero. 

Por tanto, al expresident de la Generalitat le interesa ahora la estrategia de judicializar la política, mientras que al Tribunal Supremo le viene mejor paralizar la acción de la justicia, optando por planteamientos más políticos. Paradojas de un proceso, contra el independentismo, en el que el otro actor existente, el gobierno de España, ve como las encuestas le benefician, no solo desde que ocupa la Moncloa, extremo sociológico habitual en nuestro país, sino que su apuesta por el diálogo con el independentismo no reduce sus apoyos electorales. Un independentismo que responde combinando el diálogo con la presión de sus fieles en la calles, como acredita la manifestación celebrada este fin de semana.  Otra paradoja, esta mucho más previsible.