El Estado de derecho ha dado un paso relevante ante el proceso soberanista catalán. La Oidoría de Cuentas del Parlament ha dejado de pagar las nóminas a los seis diputados fugados de la Justicia. El organismo que se encarga de las cuentas de la cámara legislativa catalán se limita así a cumplir así lo ordenado por el juez Llarena; decisión contra la que el presidente del Parlament no ha hecho nada, pese a que tal aceptación de la legalidad amenaza con romper las relaciones entre Junts per Catalunya y ERC, debido a que los primeros no querían admitir que su líder, Carles Puigdemont, se quedase sin sus emolumentos.
Enorgullecémonos, porque vivimos en un Estado de derecho, donde se cumple la ley. A partir de ahora, los ciudadanos dejaremos de sufragar el sueldo de unos señores que hacen todo lo posible por debilitar nuestro Estado.
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