Turquía, ese país con 77 millones de habitantes, fronterizo con la Unión Europea, que a nuestra opinión pública no interesa nada, ha celebrado unas elecciones generales que han supuesto un duro revés para Recep Tayip Erdogan, su líder político desde hace trece años. De momento, su sueño de convertir el país en un sultanato islamista tendrán que esperar. Las urnas le han dado la mayoría, pero insuficiente para cambiar la Constitución y transformar a Turquía en una república presidencialista, un instrumento de poder que se adaptaba mejor a sus ansias por acabar con un Estado formalmente laico.
El sultán Erdogan llegó al poder en la pasada década, encabezando una formación islamista, moderada si la comparamos con otras, que hizo de la lucha contra la corrupción uno de sus pilares políticos. El viejo partido republicano y laico, fundado por Ataturk, estaba infectado de aquel mal tras décadas y décadas en el poder, que alternaba con los militares golpistas, desde que en 1923 se fundó la Turquía moderna.
Sin embargo, los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo se han visto ya inmersos en diversos casos de corrupción, lo que ha erosionado a su vez la base electoral islamista. Pero quienes realmente han impedido los sueños del sultán han sido las minorías kurdas, armenias u alevíes, que en vez de optar por las armas o por el pesimismo abstencionista, han ido a votar para hacer valer su peso en el Estado turco. Para ello, sus dirigentes han renunciado a plantear sus maximalismos étnicos o religiosos, confiando en que la democracia les otorgaría más poder. Así ha sido, para bien de todos. Incluso para los más acérrimos seguidores del sultán.
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