La noticia del niño de seis años que se debate entre la vida y la muerte por no haber sido vacunado contra la difteria debería mover a un amplio debate en el que se recuperase el concepto de salud pública en toda su extensión. Algo en lo que incidiría la izquierda de este país si no fuera presa de varios complejos, entre ellos del denominado derecho a decidir.
Me explico. No es admisible que un ser humano y menos de una sociedad del primer mundo esté a punto de morir porque no se le ha vacunado de una enfermedad que estaba erradicada en España. Ni que su caso haya puesto en peligro a otros muchos. La salud pública está por encima de todo ello. No vale que unos padres estén en contra de las vacunas. No se trata de que tengan el derecho de decidir sobre sus hijos. No. Esta es una cuestión científica en la que no caben consideraciones de cuanto apoyo tienen los movimientos anti-vacunas. Ni si se decide por mayorías que vacunas se ponen.
No se trata de votar nada, sino de actuar científicamente y preservar a nuestros congéneres de enfermedades que pueden ser terriblemente mortales. El Estado debe actuar aquí sin contemplaciones en aras de la salud pública.
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