Las tensiones nacionalistas han llegado a tal grado en España que hace falta una ley de la claridad similar a la que rige en Canadá. Esa normativa regularía la eventual secesión de una parte del territorio y se atendría a unas condiciones precisas. La primera, que la pregunta del eventual referéndum fuera absolutamente clara. Algo así, como: ¿Quiere usted la independencia? Sí o no. Nada de: ¿Quiere usted más soberanía para su región? o ¿Cree usted que su región tiene que tener más poder para pagar menos al Estado?
Una segunda condición sería que se logre una mayoría cualificada y una tercera que de aprobarse el referéndum la parte secesionada negocie las reparaciones pertienentes a su antiguo Estado. Y por último, que si el resultado del referéndum es negativo no se pueda volver a plantear hasta pasada una generación para garantizar la estabilidad necesaria.
También estaría bien que los representantes políticos aclarasen sus posiciones. El presidente de la Generalita debería dejar claro si aspira a un pacto fiscal para pagar menos a España o si lo que quiere es lisa y llanamente la independencia. El principal partido de la oposición, el PSOE, debería aclarar sus posiciones federalistas con su partido hermano, el PSC, y adoptar ambos un mismo camino. Y el Gobierno de España debería aclarar qué margen de negociación otorga para la reforma del modelo de financiación autonómica.
Todo ello despejaría muchas dudas y podríamos dedicar los esfuerzos a sacar a todos de la crisis que padecemos.
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