El acuerdo sobre Justicia alcanzado entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla más antigua de sudamérica Rodrigo Londoño, Timochenko, es el quinto pacto entre los dos actores políticos y supone un avance significativo en el proceso de paz que tienen que cerrar definitivamente antes del 23 de marzo de 2016. De lograrse, se abrirá la posibilidad de concluir una guerra de más de medio siglo que ha ocasionado 220.000 muertes.
El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ya habían cerrado las negociaciones sobre la reforma agraria- origen del conflicto-, participación política de la guerrilla en el entramado político e institucional colombiano, erradicación del narcotráfico y de los cultivos ilícitos; y reparación a las víctimas.
Ahora, se ha anunciado el más delicado de todos, el referido a la articulación de la Justicia y las consiguientes responsabilidades de los participantes en el conflicto. El acuerdo ofrece un sistema jurídico basado más que en el castigo, en la verdad y el reconocimiento del daño inferido. Y ahí es donde presenta más sombras y dudas, en la medida en que lo más complicado es casar la Paz y la Justicia.
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