Los 404 casos

Es sin duda un éxito de El País haber publicado el informe de la Guardia Civil sobre la violencia del proceso independentista. El instituto cuantifica en 404 los casos constatados. Se trata sin duda de la aportación periodística que todos estábamos esperando, porque es la clave para poder sustentar la acusación de rebelión a los dirigentes separatista.

Sin embargo, al menos lo publicado por el rotativo madrileño, es decepcionante para las tesis incriminatorias o salvífico para las exculpatorias. La duda que queda, que no es menor, es si los periodistas han resumido bien o no han destacado lo más relevante.

Así, por ejemplo, el hecho de que hubo 55 guardias civiles y 56 policías nacionales que resultaron lesionados durante la jornada del 1 de octubre, cuando el independentismo forzó el referéndum, es difícilmente conceptuable como algo más que la resistencia de una multitud para poder votar. A fin de cuentas, siempre se ha descontado que haya agentes antidisturbios lesionados, porque no se va a poder probar que hubo una intención previa por parte de los manifestantes para infligirles violencia, sino que es más fácil que los jueces constaten que esas lesiones sucedieron tras intentar impedirles votar.

Tan solo hay un caso, que puede escapar a ello y que fue una imagen de la jornada: la del agente que entra en un colegio y cae abatido al impactar contra él una silla metálica tirada por un independentista.  Si tal hecho, objetivamente calificable de violencia, no está recogido expresamente en el informe, se trataría de un error grave del informe de la Guardia Civil.  

Otro hecho objetivo, que tampoco aclara el artículo periodístico, fue otra de aquellas imágenes de aquel día: la huída de varios jeeps de la Guardia Civil de un pueblo, mientras que una multitud les arrojaba piedras.

Esas son realmente los dos puntos más serios para sostener la acusación de violencia, necesaria para constituir el delito de rebelión, en lo que respecta al 1 de octubre. Mayores pruebas existen con la concentración del 27 de septiembre en la Consejería de Economía, donde una multitud coaccionó a una delegación judicial que buscaba pruebas de la malversación de fondos de la Generalitat. También con el acoso a fiscales y jueces que se han dado a lo largo de todo el proceso, así como a políticos constitucionalistas, sobre todo a través de las redes sociales.

Sin duda, que lo publicado es escaso. La duda lo resolvería el acceso directo a la fuente: el informe de la Guardia Civil.