La intervención de la fiscalía de la Audiencia Nacional para descabezar a los Comités de Defensa de la República, la vanguardia de las masas del procés independentista, es lo razonable que debe hacer un Estado de derecho contra aquellos que quieren acabar con la legalidad democrática. También el hecho de que promueva reuniones con sus homólogos alemanes de cara a explicar los aspectos ilegales de la pretensión soberanista, a raíz de la detención de Carles Puigdemont en el país germánico.
Otra cosa es las imputaciones que se hagan a los implicados. En el caso del delito de rebelión, la justicia deberá decidir si es viable inculpar de él al expresident de la Generalitat por haber empleado la violencia, cuestión que ni el Tribunal de Schleswig-Holstein ha puesto en duda, limitándose a denegar su extradición porque considera que no fue en el grado suficiente como para derrotar al Estado español. Extremo, no exento de paradoja, en la medida en que si hubiera sido así y existiese una triunfante República catalana, España ya no podría hacer nada contra Puigdemont, quien cómodamente estaría instalado en la poltrona de la jefatura del nuevo Estado, pese a que su partido no fue el más votado en las últimas elecciones.
En el caso de terrorismo, delito que la fiscalía pretendió imputar a los cabecillas de los Comités de Defensa de la República, parece excesivo, en la medida en que homologa su actuación con los cachorros de ETA que durante décadas mantuvieron el terror callejero en el País Vasco y Navarra. Hay que tener en cuenta que la kale borroka fue especialmente opresiva en la medida en que detrás de aquellos radicales había una organización armada que asesinó a más de ochocientas personas. Extremo que, hoy por hoy, no ocurre en Cataluña, aunque el pasado reciente nos presente antecedentes y que el futuro esperemos no desmienta. Así, parece haberlo entendido la Audiencia Nacional, que de momento solo ha imputado a la primera detenida por desordenes públicos, delito que se tipifica como aquel en el que se incurre en actos de violencia o amenaza, alterando la paz pública.
La clave conductora de todo ello es la violencia. Y en esa medida, el Estado español, a través de sus instituciones, debería hacer un esfuerzo para convencer a propios y extraños que en el procés, que tuvo su momento álgido el 6 y 7 de septiembre con el golpe de Estado producido en el Parlamento catalán, hubo violencia, que es precisamente lo que niega el independentismo, porque tal aceptación invalida el relato pretendidamente democrático de su movimiento, caracterizado como la Revolución de la Sonrisa.
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