Cataluña ha pedido el rescate al Estado en un momento difícil para la estrategia soberanista de Artur Mas. La Generalitat había diseñado el incremento de la presión sobre un nuevo pacto fiscal, con el que no cuenta con el apoyo del PP y en lo esencial del PSC, con la emotiva fecha del 11 de septiembre. Ese día, hay organizada una marcha independentista, a la que ahora no podrá sumarse Artur Mas.
La realidad de la situación económica catalana, con una deuda de 42.000 millones de euros, se ha impuesto. Ante los graves problemas de tesorería, la Generalitat ha instado al Gobierno central a poner en marcha cuanto antes el Fondo de Liquidez Autonómica. Ese fondo obliga al solicitante a presentar en el plazo de 15 días un plan de ajuste que asegure el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Si la comunidad tuviera ya aprobado un plan de ajuste, cosa que parece cumplir con creces Cataluña, el Ministerio de Hacienda deberá acordar con la Generalitat las modificaciones pertinentes.
El portavoz oficial de la Generalitat no ha tardado en exigir que no haya contrapartidas políticas por la ayuda del resto de España. Y el argumento aportado es que los 5.023 millones de euros que Cataluña solicita, es dinero que los catalanes dan de más al Estado.
Y aquí está el problema: el planteamiento victimista del nacionalismo. Al dar de más a España, Cataluña se empobrece. Ese es el argumento. Pero no estaría de más, una autocrítica que se planteara que verse obligado a pedir un préstamo, suele ser por gastar más de lo que se tiene.
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