El gobierno italiano de Mario Monti pretende imponer un impuesto especial al consumo de bebidas azucaradas, los tradicionales refrescos. Italia se sumaría así a la estela abierta por Francia, que impone desde el año pasado una tasa de entre tres y seis céntimos de euro por litro.
Las razones de esta persecución a los refrescos radican en el combate contra el sobrepeso y su incidencia en los gastos de la Sanidad Pública. Se trata en definitiva de fomentar los hábitos alimentarios y de actuar contra el sobrepeso, en aumento en las sociedades desarrolladas del Primer Mundo.
Asistimos, pues, a una nueva batalla entre el derecho a la libertad individual y la preservación del bien público, al igual que pasó anteriormente con el tabaco y el alcohol. Solo que ahora, habrá más gente sensible a reivindicar el derecho individual a disfrutar de determinados placeres. Eso si, placeres que conllevan un peaje en la salud.
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