Conclusiones sobre la Diada

Sobre la Diada celebrada ayer en cinco ciudades catalanas, algunos analistas han resaltado que la cifra de asistentes fue sensiblemente inferior a la del año pasado, evidenciando el cansancio en el proceso soberanista, mientras que otros han preferido destacar el incremento en la transversalidad social de los manifestantes, certificando que ahora llega a todas las capas de la colectividad catalana.

Ambas apreciaciones son ciertas. Pese al batiburrillo de datos ofrecidos, parece claro que un tercio de los manifestantes de 2015 se quedaron en casa en este 2016. Hace un año la concentración unitaria celebrada en Barcelona agrupó a un millón cuatrocientos mil personas, según la Guardia Urbana, mientras que sumadas las cinco de este año la cifra se reduce a 875.000, según los datos proporcionados por las policías locales de Tarragona, Lérida, Berga, Salt y Barcelona. La Delegación del Gobierno disminuyó esa cifra a 370.000 asistentes, mientras que la Asamblea Nacional de Cataluña, una de las sociedades privadas convocantes de las concentraciones, pese a su rimbombante nombre, la elevaba a más de un millón de personas, admitiendo pues un descenso respecto a 2015. En cualquier caso, éste último extremo es innegable, así como que convendría reducir a la baja las cifras aportadas por las guardias urbanas, tanto en 2015, como en 2016. A este respecto y como mera digresión llama la atención que no se empleen métodos más fiables de recuento de las manifestaciones en España, detalle al que no debe ser ajeno la tradicional labor propagandística de la utilización del espacio público.

Una menor presencia, por tanto, pero con una mayor transversalidad social. El aumento en ésta se debe a la participación ayer en las manifestaciones de En Comú Podem, partidaria del derecho de autodeterminación, pero no de la independencia que reclamaban los convocantes. Es decir, la presencia de las capas sociales más desfavorecidas en las manifestaciones de ayer se debe a una rebaja reivindicativa, aguando por tanto la declaración independentista y retornando de nuevo a la propuesta del referéndum.

Hay que recordar que éste ya se produjo. Primero, mediante una convocatoria unilateral que no fue reconocida por el Gobierno, y que sumó el respaldo de un millón ochocientos mil catalanes mayores de dieciséis años en la consulta del 9 de noviembre de 2014. El censo de catalanes mayores de 18 años en las elecciones autonómicas de 2015 fue de cuatro millones cien mil personas. En esos comicios, planteados plebiscitariamente por las formaciones independentistas, como la segunda ocasión del referendo, éstas lograron un millón novecientos sesenta mil votos. Los partidos no independentistas obtuvieron dos millones setenta mil votos, de los cuales 470.000 fueron aportados por formaciones partidarias del derecho a decidir. En resumen, la opción independentista fue nuevamente derrotada. En cambio, sí es mayoritaria, en la sociedad catalana, la opción autodeterminista: 2.430.000 votos, frente a 1.610.000.

Esa es la razón de que el independentismo haya reculado y proponga de nuevo un referéndum, que le recubra de la legitimidad democrática necesaria para continuar con su proceso soberanista. Ese es el reto de los independentistas, que inasequibles al desaliento proseguirán con su ruta, sin sensibilidad alguna a la creciente fractura social que infligen a sus conciudadanos. Este mes volverán a proponer al Estado un nuevo referendo, obviando la contradicción que supuso que el propio Parlament declarase en octubre pasado el inicio de la creación del Estado catalán independiente. Y si el Gobierno no acepta el envite, como es previsible, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, amaga para 2017 con algo que está en su exclusiva mano, sin depender del gabinete de Mariano Rajoy: la convocatoria electoral, las terceras autonómicas en cinco años, pretendiendo presentarla en clave constitucional del nuevo Estado independiente, con la aspiración de convertir unos comicios más en un nuevo referendo, el tercero en tres años. Y con el objetivo de que por fin tal plebiscito otorgue una mayoría independentista. Lograr que ese no sea el resultado, es el reto del Estado español.