La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una buena noticia por diversos motivos. El más obvio porque supone igualar las indemnizaciones de los trabajadores temporales a los fijos, limando las diferencias agrandadas por la crisis económica vivida y tendiendo a impedir que se consolide un subproletariado en el mercado laboral.
También lo es por la tendencia que marca a favor de la existencia de un único tipo de contratación, avanzando en la igualdad jurídica, principio básico de todo aquel que se considere partidario del Estado de Derecho.
Asimismo lo es por el hecho de que sea la jurisprudencia europea la que se imponga en España y en el resto de países que compartimos la construcción europea, avanzando en la superación de los ahogos de los estados naciones.
Pero sobre todo lo es por lo que predispone para el futuro: un Estado de Derecho en el que las decisiones técnico-juridícas se impongan sobre las políticas. Eso debería ser el futuro.
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