PP y PSOE vuelven a monopolizar la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. En el Senado, ambos partidos están a punto de cerrar un acuerdo por el que se repartirán los cuatro miembros del órgano de interpretación de la ley de leyes que elige la Cámara Alta.
La provisión de cargos judiciales es uno de los principales problemas que sigue sin resolver nuestro Estado y motivo de desacreditación del mismo. El acuerdo entre los dos principales partidos tradicionales será utilizado por los emergentes para denunciar el reparto del Tribunal Constitucional y deslegitimar sus resoluciones.
La solución no solo pasa por conseguir consensos más amplios, de tal manera que los nuevos magistrados fueran respaldados por más formaciones políticas, sino sobre todo por despolitizar el poder judicial. Es incomprensible que en los principales órganos judiciales no estén los mejores juristas de este país. Otra cosa es que tales personas deban ser confirmadas en sus puestos por el poder legislativo, pero no propuestos por los partidos, como se hace ahora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario