212.000 vecinos de Madrid han participado en el experimento de democracia directa que el ayuntamiento ha puesto en marcha. Independientemente de que se trataba de tres preguntas poco claras y que las alternativas habían sido pre-elegidas por el equipo de gobierno del consistorio municipal, la apuesta del ayuntamiento ha sido un evidente fracaso. Solo ha participado el nueve por ciento de los vecinos con derecho a voto, que decidirán por el restante 91 por ciento, ya que la alcaldesa, Manuela Carmena, se comprometió a que lo aprobado fuese vinculante.
Pese a los pobres resultados, Ahora Madrid, la coalición que gobierna en la capital, ha calificado de éxito la consulta, ya que esperaban una participación más baja. Indudablemente, siempre hay motivos para el consuelo. Menos si atendemos al coste de la operación: un millón cien mil euros, que se podrían haber empleado en muchas medidas sociales. Al menos así lo creemos los que no tenemos complejos respecto a la democracia representativa, en la que se eligen a unos preparados equipos políticos que en el caso de fracasar o defraudar son relevados de sus cargos en los siguientes comicios.
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