La decisión de la Audiencia Nacional de investigar al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, es un triunfo del Estado de Derecho, que muestra su vitalidad en España.
El tribunal les interrogará por la salida a Bolsa de Bankia, pese a las advertencias de los inspectores del Banco de España de que tal operación era inviable y suponía un riesgo evidente para los accionistas y en caso de fracaso para todos los contribuyentes, como así fue. 22.000 millones de euros fue necesario inyectar para salvar al banco en unos momentos en el que la permanencia de España en el euro se llegó a poner en cuestión.
El caso es un ejemplo paradigmático, no de que no existieran controles técnico estatales, sino de que éstos fueron obviados por los responsables políticos, más atentos a los intereses gubernamentales que a la necesaria regulación del sector financiero. El resto es conocido: ruina de los inversores y reparto de las pérdidas entre todos los españoles.
Gracias al Estado de Derecho se podrá aclarar la labor del gobernador del Banco de España y del presidente de la CNMV en época de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el mal persistirá hasta que no alcancemos la madurez como país para acabar con la estructura política que coloniza y ahoga todo el saber técnico de nuestra Administración.
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