Los dirigentes independentistas catalanes mantienen su retórica basada en desacreditar la democracia española, bajo el señuelo de que un Estado que no permite colocar urnas no merece tal consideración. Tal argumento parece que ha empezado a dejar de calar entre el electorado catalán, a tenor del enfriamiento que experimenta el apoyo independentista. Las razones de ello son variadas, especialmente aquellas que inciden en la demagogia planteada por quienes dirigen la iniciativa.
Entre éstos últimos, también se acusa el frenazo en el apoyo. De hecho, una prueba de ello es que en las últimas semanas han empezado a diversificar el mensaje. Ya no se sitúa exclusivamente en tratar de evidenciar una supuesta baja calidad democrática del Estado español, sino que se ofrece un nuevo argumento: España no es un Estado de Derecho.
Tras años de apelar al populista derecho de autodeterminación, las elites directoras del proceso parece que elevan su argumentario a un nivel más racional, apuntando a algo que de ser cierto invalidaría cualquier pretensión de España. El problema que tienen es que España es efectivamente un Estado de Derecho, independientemente de que sea susceptible de mejorarlo. Por ejemplo, sería muy positivo, que el Estado pudiera impedir que los partidos cobren una regular mordida por toda obra pública en un determinado territorio, como ha estado ocurriendo durante años en Cataluña con Convergència, formación de la que proceden algunos de los actuales dirigentes independentistas. Eso mejoraría en mucho el Estado de Derecho y también la vida de todos sus ciudadanos.
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