El borrador de la ley fundacional de la República catalana, que hoy publica El País, proclama que Cataluña se constituye como un Estado de Derecho. Tal aspiración, que hoy tiene asegurada por su pertenencia a España, se vería impedida en el caso de independencia, debido a una serie de preceptos recogidos en dicha ley de transitoriedad.
El más destacado y que anula cualquier pretensión de Estado de Derecho es aquel que elimina la división de poderes en la futura República catalana. No existe democracia sin que haya un poder judicial independiente y eso es precisamente lo que elimina la ley fundacional. Los jueces y los organismos judiciales pasarían a depender del ejecutivo, de la Generalitat. También los fiscales, esos señores que persiguen los delitos, cuyas investigaciones podrían ser controladas por el ejecutivo. Además, la ley de transitoriedad amnistiaría a todos los condenados por defender la causa independentista. Incluso, también, a aquellos que buscasen "la creación de un nuevo Estado de manera democrática". Tal escasa concreción no se si también terminaría beneficiando a aquellos que han cometido delitos monetarios por la superior causa independentista, como la benemérita familia de los Pujol.
La ley fundacional obligaría a los jueces, esos señores que han intentado preservar la ley sobre la voluntad de los independentistas, a concursar de nuevo para mantener sus plazas. En un proceso selectivo que estaría controlado por la propia Generalitat.
Lo dicho, una muestra más de que el Progreso es una constante en la historia de la Humanidad. Sin duda.
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