Parece que el principal, o al menos el más inteligente, instrumento del que dispone el gobierno para impedir que la Generalitat imponga un referéndum es de carácter crematístico e incide en el temor de sus promotores a tener que devolver de su bolsillo el dinero público empleado en tal convocatoria.
De tal manera que las desavenencias entre los dos socios gubernamentales del ejecutivo catalán son debidas a la decisión de quién asume tal responsabilidad, tal como ha quedado evidenciado en la enésima disputa entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
La iniciativa de la fiscalía de acudir al Tribunal de Cuentas para reclamar a Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega los más de cinco millones de euros gastados en el referéndum de 2014, ha sembrado de intranquilidad las filas independentistas, resquebrajando aún más la cohesión entre ellas.
No ha sido por tanto el miedo a aplicar el artículo 155 de la Constitución, aquel que reserva al gobierno, mediante su aprobación por el Senado, la capacidad de suspender competencias autonómicas, sino el temor a perder dinero, lo que está suponiendo mayores problemas para el proceso independentista.
De ello, extraigo dos consecuencias. La primera incide en aprovechar la experiencia e imbricar legalmente aún más la relación entre gasto público y responsables políticos, de tal manera que en cualquier administración exista una claridad máxima sobre quién decide el más mínimo empleo de dinero público. Sin duda, que tal medida facilitaría la lucha contra la corrupción.
La segunda incide en la miseria de la condición humana. Ni la épica de la liberación nacional, ni la lucha contra la opresión, ni la defensa de los derechos, entre ellos por supuesto el más importante de todos, el de autodeterminación, ni ninguna otra patraña que llevamos escuchando desde hace tiempo, tiene nada que hacer, ante lo único que parece importar: el bolsillo.
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