Hoy, cuarto aniversario del accidente ferroviario de Angrois, en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas, los familiares y víctimas conmemoran aquel fatídico día que les cambió la vida. Y lo harán reivindicando la ampliación de las responsabilidades penales y políticas por aquel suceso.
Más que el giro del PSOE de Pedro Sánchez en este asunto, ha sido la intervención de la Unión Europea, quien ha pedido a España que aclare aquel hecho, lo que ha dado una luz de esperanza a los afectados. Es inadmisible que en un Estado de Derecho no se haya constituido una comisión de investigación parlamentaria que, más allá de los aspectos judiciales, dirima la responsabilidad del Estado por las deficiencias en la vía férrea. En concreto, por no tener en aquella fatal curva sistemas apropiados a la alta velocidad.
Esa carencia debe ser dilucidada y los responsables políticos de entonces deben asumir sus erorres por omisión. No es admisible que toda la responsabilidad se descargue en el conductor del tren, por mucha velocidad que llevase y que por despiste no corrigió antes de entrar en la curva. Penalmente, Francisco José Garzón es culpable, pero debe investigarse judicialmente porque ADIF y RENFE no tenía establecido un sistema que hubiera parado el tren al detectar la desproporcionada velocidad con la que viajaba.
Y paralelamente a la actuación judicial, cabe dilucidar las políticas. En sede parlamentaria. Así, en el quinto aniversario, el Estado podría ofrecer a esos familiares lo único que ya puede hacer: Justicia.
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