La decisión de abandonar la dirección de la policía catalana de Albert Batlle y el consiguiente control por parte de la Generalitat de los Mossos d`Esquadra supone en la práctica una grave erosión del Estado de Derecho en Cataluña. Batlle había expresado en público algo de perogrullo en una sociedad democrática: la policía está a las órdenes de los jueces y en esa medida si un magistrado le pedía la detención del mismísimo presidente de la Generalitat, los agentes cumplirían con su deber. El principio de que nadie está por encima de la ley, básico en un Estado de derecho, estaba, pues, garantizado.
Eso queda ahora invalidado. Al frente de los Mossos, la Generalitat ha situado al independentista Pere Soler. Más allá de su ideario, algo que no debería ni favorecer ni perjudicar sus aspiraciones político-institucionales, existen unas sombras inquietantes en el nuevo director de la policía, quien siente pena por los españoles y no mantiene ninguna duda que el 1 de octubre habrá un referéndum que dará la independencia a Cataluña, independientemente de que se quiebre definitivamente el Estado de Derecho.
Según se incrementa el tono épico en el independentismo, decrece la calidad democrática de su proyecto. Otro ejemplo: el de Marta Pascal, la coordinadora del PDECAT, la antigua Convergència, uno de los partidos que sustentan al gobierno de Puigdemont, que ha hecho un llamamiento a los fieles de prietas las filas, invocando a los soldados del referéndum.
Terrible, porque es evidente que las instituciones catalanas se deslizan hacia el totalitarismo.
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